Desde finales de los 90 cuando se urdió el plan del conocido caso Sanlúcar, que terminó con una condena en firme del TSJA al ex alcalde socialista, Agustín Cuevas, por intento de soborno a un concejal del PP y abortar así una moción de censura, las denuncias contra políticos se han ido acumulando en los juzgados. Recurrir a la Justicia es un mecanismo habitual de los partidos para desacreditar al oponente y sacar rédito electoral, pero hay otros grupos de presión como colectivos vecinales, asociaciones ecologistas e incluso particulares que han esgrimido esta herramienta para defender sus derechos, y que han valido para desenmascarar ilegalidades cometidas en el seno del poder.
La sentencia más reciente ha sido la que inhabilita durante seis meses al alcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez (PP), por un delito de desobediencia al incumplir con los plazos de pago que el Ayuntamiento debía abonar a una empresa suministradora de material sanitario (caso Palex); Juárez ya ha anunciado recurso.Por un hecho similar y con la misma pena fue sentenciado otro regidor del Campo de Gibraltar el año pasado. Alonso Rojas (PSOE), de Los Barrios, recurrirá su condena por desobediencia al no hacer frente a una deuda reclamada al Consistorio (caso Dytras). Y sin abandonar esa comarca, el primer edil de San Roque, José Vázquez (PSOE), fue imputado en 2008 por una supuesta concesión municipal a una empresa suya. También de actualidad es la acusación que soporta el primer edil de Puerto Real. Barroso (IU) será juzgado en la Audiencia Nacional por injurias a la Corona. En principio, sólo se jugaría una multa económica, aunque ya se ha ganado repercusión mediática.Hace más de un año que fue imputado por un delito de prevaricación Antonio Mateos (PSOE), ex alcalde de Grazalema por la operación Pinsapar, una investigación atascada en el juzgado de Ubrique sobre el cobro de comisiones en obras que atentaban contra la ordenación en Grazalema.Ese mismo año (2007) fue condenado el anterior alcalde de Benaocaz, José Rafael Reyes (PSOE), a siete años de inhabilitación por contratar a su edil de Urbanismo como albañil en unas obras municipales.El año pasado el PP lo volvió a denunciar por supuestas concesiones irregulares urbanísticas.Quien ya ha agotado hasta la vía del Constitucional ha sido Hernán Díaz (IP), inhabilitado durante siete años por prevaricar en el nombramiento de un responsable de la Policía Local de El Puerto. Aunque se ha retirado de la vida política, aún tiene causas pendientes por delitos urbanísticos.
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