La presidenta del Parlamento balear y presidenta de honor de Unió Mallorquina, Maria Antonia Munar, ha sido citada como imputada para declarar el 16 de noviembre a las 10.00 horas por el llamado caso Can Domenge de corrupción urbanística.Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, también ha sido llamado a declarar como imputado el consejero del PP en el Consejo de Mallorca Fernando Rubio, que declarará el mismo día a las 11.30 horas.
El caso Can Domenge se inició cuando el Grupo Núñez y Navarro presentó en 2007 una denuncia porque al concurso de enajenación de Can Domenge, un solar de 52.000 metros cuadrados, presentó una oferta de 60 millones de euros y, sin embargo, el Consejo de Mallorca se decantó por otra sensiblemente inferior.La Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha acordado asumir las competencias para instruir el caso Can Domenge, y ha solicitado al juzgado de instrucción número 12, encargado de las investigaciones, que le remita la causa, en la que están imputados los aforados Miquel Nadal y Bartomeu Vicens.
Así lo decidió la Sala en respuesta a la exposición razonada que el pasado 28 de septiembre elevó la titular del juzgado, Mari Carmen González, a la Sala, para que asuma las investigaciones, y en la que la juez determinó que el ex consejero insular de Territorio y diputado del Grupo Mixto, Bartomeu Vicens, tenía "perfecto conocimiento de lo torcido" en relación al decreto probado el 30 de diciembre de 2005 para la enajenación de los terrenos palmesanos, que fueron vendidos por 30 millones de euros, la mitad de su valor en el mercado.
El otro imputado, el consejero de Turismo, Miquel Nadal (UM), declaró tras tener conocimiento de la petición del magistrado al TSJB, que únicamente dimitirá de todos sus cargos cuando el Tribunal Superior de Justicia de Baleares asuma la causa, hecho que se produjo este lunes, y, añadió, cuando este tribunal adopte medidas cautelares contra su persona. Si eso tiene lugar, Nadal dimitirá como consejero y concejal del Ayuntamiento de Palma, según declaró él mismo.
Así, en la exposición de la juez ésta afirma que la resolución del decreto iba dirigida a "un fin preordenado de satisfacer intereses no legítimos" y que constituyó una "conculcación flagrante de las normas con una finalidad torticera y ajena a los intereses generales", lo que consuma el delito de prevaricación que junto a los de malversación de caudales públicos y fraude se atribuye a Vicens así como al conseller de Turismo y entonces vicepresidente del Consejo, Miquel Nadal.
Cabe recordar que las investigaciones giran en torno a las presuntas irregularidades cometidas durante la enajenación de los solares, que fueron adjudicados por 30 millones de euros cuando en la fecha de la licitación estaban valorados en 57.837.107 euros.
De este modo, el procedimiento se inició a raíz de la querella interpuesta por Núñez y Navarro, que no se llevó el concurso pese a ofrecer el doble que lo aportado por la UTE formada por Sacresa y Ferra Tur -adjudicataria-, y que precisamente solicitó al Juzgado, al igual que la Fiscalía, que el procedimiento se eleve al TSJIB debido al aforamiento de Nadal y Vicens, principales imputados en la causa.
El caso Can Domenge se inició cuando el Grupo Núñez y Navarro presentó en 2007 una denuncia porque al concurso de enajenación de Can Domenge, un solar de 52.000 metros cuadrados, presentó una oferta de 60 millones de euros y, sin embargo, el Consejo de Mallorca se decantó por otra sensiblemente inferior.La Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha acordado asumir las competencias para instruir el caso Can Domenge, y ha solicitado al juzgado de instrucción número 12, encargado de las investigaciones, que le remita la causa, en la que están imputados los aforados Miquel Nadal y Bartomeu Vicens.
Así lo decidió la Sala en respuesta a la exposición razonada que el pasado 28 de septiembre elevó la titular del juzgado, Mari Carmen González, a la Sala, para que asuma las investigaciones, y en la que la juez determinó que el ex consejero insular de Territorio y diputado del Grupo Mixto, Bartomeu Vicens, tenía "perfecto conocimiento de lo torcido" en relación al decreto probado el 30 de diciembre de 2005 para la enajenación de los terrenos palmesanos, que fueron vendidos por 30 millones de euros, la mitad de su valor en el mercado.
El otro imputado, el consejero de Turismo, Miquel Nadal (UM), declaró tras tener conocimiento de la petición del magistrado al TSJB, que únicamente dimitirá de todos sus cargos cuando el Tribunal Superior de Justicia de Baleares asuma la causa, hecho que se produjo este lunes, y, añadió, cuando este tribunal adopte medidas cautelares contra su persona. Si eso tiene lugar, Nadal dimitirá como consejero y concejal del Ayuntamiento de Palma, según declaró él mismo.
Así, en la exposición de la juez ésta afirma que la resolución del decreto iba dirigida a "un fin preordenado de satisfacer intereses no legítimos" y que constituyó una "conculcación flagrante de las normas con una finalidad torticera y ajena a los intereses generales", lo que consuma el delito de prevaricación que junto a los de malversación de caudales públicos y fraude se atribuye a Vicens así como al conseller de Turismo y entonces vicepresidente del Consejo, Miquel Nadal.
Cabe recordar que las investigaciones giran en torno a las presuntas irregularidades cometidas durante la enajenación de los solares, que fueron adjudicados por 30 millones de euros cuando en la fecha de la licitación estaban valorados en 57.837.107 euros.
De este modo, el procedimiento se inició a raíz de la querella interpuesta por Núñez y Navarro, que no se llevó el concurso pese a ofrecer el doble que lo aportado por la UTE formada por Sacresa y Ferra Tur -adjudicataria-, y que precisamente solicitó al Juzgado, al igual que la Fiscalía, que el procedimiento se eleve al TSJIB debido al aforamiento de Nadal y Vicens, principales imputados en la causa.
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