La empresa Arenal 2001 defiende en un juicio la legalidad de los edificios y confirma que se han quedado sin vender el 70% de los pisos.
El Consistorio isleño tendría que hacer frente a indemnizaciones millonarias si se derriban las torres.
Son los edificios más altos de la ciudad, aquellos que se han convertido en referencia por ser la figura que se distingue en la lejanía. Sin embargo, también son los más polémicos de San Fernando, aquellos que se encuentran en el punto de mira por su cuestionada legalidad. De hecho, la Junta de Andalucía tiene abierto un contencioso para que se revise la concesión de licencias dadas por el Ayuntamiento isleño.
La pasada semana hubo un nuevo juicio por parte de uno de los propietarios de un piso de las torres de La Casería, que reclamaba la devolución de las cantidades dadas así como un 10% de interés ante el retraso en la entrega de las viviendas. Aunque ya existe una sentencia favorable en este sentido, el proceso que se llevó a cabo destacó por las afirmaciones realizadas por la promotora de las torres. La más llamativa: que en el caso de que finalmente las construcciones tuvieran que ser derribas -algo por el momento improbable-, el Ayuntamiento de San Fernando tendría que hacer frente a indemnizaciones millonarias por anularse las licencias concedidas en su día.
Y es que el contencioso iniciado por la Junta de Andalucía, a raíz de una denuncia del colectivo Ecologistas en Acción, está haciendo mella a la empresa, que ha confirmado que no se han vendido el 70% de los pisos, pasando a manos de la entidad financiera.
Más de 18 meses
Los problemas en la entrega de las viviendas es la razón por la que han proliferado diferentes denuncias de clientes que piden la devolución de su dinero. Precisamente, en el caso que se celebró la semana pasada en los juzgados de San Fernando el promotor alegó que el retraso es responsabilidad de la empresa Arenal 2001, ya que cuando vendió los apartamentos sabía que iba a haber problemas con la finalización de la urbanización, concretamente con el paso de la tubería del agua y recogida de aguas pluviales, y sin embargo se comprometió en el contrato a respetar unas fechas de entrega que se han superado en 18 meses.
El abogado, José Antonio Gamero, defendió que Arenal ocultó la existencia de este conflicto a pesar de estar al tanto de todo ello un año antes de la venta de los pisos.
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