Se trata de Antonio García Márquez, ex concejal de IU en el Ayuntamiento onubense de Almonte y miembro de CCOO
Uno de los intrusos que ha cobrado pólizas de seguro sin trabajar nunca en la empresa afectada por los expedientes de regulación de empleo (ERE) se coló en la empresa pública de Gestión Medioambiental Egmasa, dependiente de la Junta de Andalucía. Así al menos lo sospecha la Consejería de Empleo, que incluye entre las 33 últimas anomalías detectadas a un ex trabajador de esta empresa pública, que habría percibido ayudas del ERE de 2004 sin derecho a ello. Se trataría de la prejubilación de Antonio García Márquez, ex concejal de IU en el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) y miembro de CCOO.
Se da la circunstancia de que, al conocerse la extensión de las irregularidades de los ERE de Mercasevilla a otras ayudas sociolaborales concedidas por la Junta, el PP relacionó de forma un tanto forzada el caso con el candidato del PSOE por Sevilla, Juan Espadas, por estar supuestamente al frente de este ERE que prejubiló a 400 personas. Espadas declaró que se terminó de tramitar tres meses antes de que él accediera al cargo, sin desmentir la posibilidad de que este ERE estuviera contaminado. Según Espadas, el ERE comenzó a tramitarse en 2002 y culminó en febrero de 2004. "Entonces yo no era presidente del consejo de administración de esa empresa porque no fui nombrado hasta mayo", apuntó.
Según la información a la que ha tenido acceso esta redacción, entre las empresas que figuran en la investigación de la Junta destaca Nexprom, en los que se sospecha hasta de ocho prejubilaciones que podrían ser falsas.
Otros cuatro sospechosos que aparecen en ERE sin haber trabajado en esas empresas están en Manufactura Española del Corcho. El mismo número de intrusos se repite en Matadero Fuenteovejuna.
Acyco Sol, entidad que ha estado vinculada a SOS Cuétara, tiene otros tres intrusos.
También aparecen otros dos en el Hotel Roc Flamingo de Torremolinos.
En esta nueva recopilación se incluyen tres intrusos de la empresa Intersur, dos de ellos militantes socialitas en la localidad sevillana de Camas que fueron expulsados del partido. Otro militante socialista de Camas estaba en Surcolor. El PSOE expulsó a Ricardo Medina, Juan Manuel López Espadas y José Antonio García Prieto.
A estas empresas en las que se han detectado posibles irregularidades se suma de nuevo Mercasevilla, de donde partió la investigación. En esta segunda fase entran cuatro nuevos intrusos. En el ERE de Río Grande aparece un nuevo intruso al ya conocido de Carmen Fontela, una viuda sin vínculo con el caso.
Ya a la Policía en su informe y a la juez Mercedes Alaya le llamó "poderosamente la atención" el hecho de que María José Rosa Aparicio fuera contratada dos meses antes de cumplir la edad de jubilación forzosa en este restaurante sevillano.
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