Hace unos días, la Biblioteca Nacional lanzaba un comunicado a todos/as los trabajadores/as de esta institución advirtiendo de la difusión de rumores y noticias inciertas sobre el estado actual de los procedimientos judiciales del personal externo. Desde la sección sindical del personal de la BNE de la CNT-AIT de Madrid queremos ampliar la información de la Gerencia de la Biblioteca Nacional, puesto que omite datos importantes para la comprensión de la situación real tanto de las sentencias como de las personas que las han presentado. Si vamos a informar, pues vamos a contarlo todo.
Lo primero que la Gerencia de la Biblioteca Nacional debería saber, puesto que ocupa un cargo público de gestión que pagamos todos y todas, es que las demandas judiciales presentadas no son acusaciones (tal y como afirma en su escrito) y que, como persona supuestamente formada para el cargo que ocupa, debería saber que demandar derechos laborales no es acusar a nadie sino simplemente ejercer derechos. Quien utiliza la expresión “acusación” para referirse a una “demanda laboral” está impidiendo el ejercicio normal de los derechos laborales y, por tanto, incurriendo en un delito grave contra los derechos fundamentales.
Hablando de rumores podríamos destacar unos cuantos lanzados por la Biblioteca Nacional desde que se interpusieron las primeras demandas en Publicaciones Periódicas y Depósito Legal. El primer rumor fue que nadie había presentado demanda. Más adelante, al darse a conocer las personas que habían demandado, manifestó que todas las sentencias habían sido favorables a la Biblioteca Nacional. Primeros rumores y primera noticia incierta. En Publicaciones Periódicas se presentó una demanda y el Juez no quiso considerar la cesión ilegal y la trabajadora llegó a un acuerdo económico; en Depósito Legal fueron 5 las demandas presentadas, tres desfavorables a la Biblioteca Nacional y dos a las trabajadoras – sentencias todas en primera instancia y todas recurridas por ambas partes. A día de hoy, no tenemos constancia de ninguna sentencia firme contra las trabajadoras de Depósito Legal. A estas primeras demandas, les siguieron las presentadas por el personal externo de los departamentos de Música y Cartografía; 3 del Departamento de Música y 5 de Cartografía. Ninguna de estas demandas tiene sentencia firme, a excepción de las de dos trabajadoras de Cartografía, que no pudieron recurrir las sentencias desfavorables puesto que al haber sido despedidas de la Biblioteca Nacional – precisamente como represalia por haber denunciado – no disponían del dinero que hace falta tanto para el recurso como para pagar las costas de los abogados. Todos/as sabemos que demandar no es barato, aunque a la Gerencia de la Biblioteca parezca no importarle continuar utilizando el dinero público para su política antiobrera. Quizá cuando el Gerente habla de sentencias firmes a favor de la BNE se refiera a las sentencias que no pudieron ser recurridas por encontrarse en paro forzoso las trabajadoras. A estas últimas demandas, se añadieron cuatro más: la presentada en el Área de Coordinación y Relaciones Institucionales (sentencia favorable sobre la que informamos de nuestra compañera Marta y que hace unos días ha sido recurrida por la Biblioteca Nacional), la demanda del Salón General, la de Información General y Carnés y la última en Prensa y Revistas. En total son 18 las demandas presentadas, a las que podríamos sumarle esa demanda que la Gerencia dice haber ganado en sentencia firme y que nosotras desconocemos. Con lo cual, estaríamos hablando de 19 demandas presentadas y no 14 como afirma la Gerencia de la Biblioteca Nacional.
Como decimos, las únicas sentencias firmes que ha tenido la BNE se han visto propiciadas ante la imposibilidad de las trabajadoras de continuar con el derecho a recurrir que la Ley les reconoce pero que el despido impuesto por la Biblioteca Nacional les impidió ejercer.
Los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional saben, por experiencia propia, lo difícil que es probar la cesión ilegal ante un juez, todas y todos sabemos que una cosa es la justicia y otra muy distinta lo que se puede probar en un juzgado – más si tenemos en cuenta que tanto la Biblioteca Nacional como las empresas contratistas lo tienen pero que muy fácil para simular situaciones de contratación a su conveniencia. Aún así, muchas son las trabajadoras a las que la Inspección de Trabajo les ha certificado la cesión ilegal y el cambio de condiciones laborales.
No es un rumor ni una noticia incierta que todavía nos estamos recuperando de algunas de esas sentencias “favorables” - que no sentencias firmes – a las que se agarra la Biblioteca Nacional como si de una quiniela ganadora se tratara, en vez de reconocer el trabajo de una lucha por nuestros puestos de trabajo y, sobre todo, por la dignidad de todas las personas que en su día decidieron ejercer sus derechos laborales. Es difícil recuperarse cuando, aún habiéndose dado como probados todos los hechos presentados por las trabajadoras, se utilizó el supuesto de que las empresas contratistas gozaban “de infraestructuras y solvencia económica” para negar la existencia de cesión ilegal. Cualquiera que conozca la legislación actual sobre cesión ilegal, podrá entender como nosotros/as que no se aplicó el Derecho sino las directrices políticas que soportan la contratación externa como solución a la eliminación total del empleo público en este país, con procesos de privatización que han llegado hasta la Biblioteca Nacional, con más de 400 trabajadores/as subcontratados/as que cuestan a la Administración Pública un 40% más que si se optara por la contratación directa. Este claro proceso de privatización para nada es un rumor ni una noticia incierta, sino una realidad que ya no pueden seguir ocultando por más tiempo.
Rumores puede haber muchos, pero hechos probados también. Hechos probados son los cambios en las condiciones laborales de todo el personal externo como consecuencia de las represalias por las demandas presentadas; forzando a las empresas contratistas a que el personal externo no permanezca en la Biblioteca Nacional más de dos años y a cambiar la categoría profesional de técnico por la de auxiliar, además de la modificación del horario laboral forzando jornadas laborales que obligan a trabajar los sábados y a entrar y salir en un horario diferente al que tenían hasta el momento. Hechos probados son también las reducciones salariales de funcionarios y laborales, por las que a la reducción del 5% de sus salarios la Biblioteca Nacional impuso un nuevo recorte del 5% en sus horas de productividad, al tiempo que se niega a reconducir su política de ahorro contratando directamente al personal externo.
Desde la CNT vamos a seguir trabajando por la readmisión de nuestras compañeras Marta, Begoña y Sara que, recordamos, fueron despedidas de la Biblioteca Nacional y forzadas a trasladarse a la empresa Indra como castigo por demandar la cesión ilegal en la que se encontraban. Seguiremos trabajando para que Raquel, Aurora y estas tres compañeras consigan la contratación fija y directa que han demandado. Trabajaremos como estamos trabajando, apoyando a todo trabajador y a toda trabajadora que quiera reclamar sus derechos laborales, tanto en los procesos de cesión ilegal que pudiera iniciar como frente a las represalias y los abusos derivados de la cesión ilegal.
El conflicto que iniciamos en septiembre del año pasado se está traduciendo en un aumento de la organización de los/as trabajadores/as de esta Institución; de manera que el conflicto está creciendo al mismo ritmo que crece su política contra la reclamación de derechos de los/as trabajadores/as.
POR LA ORGANIZACIÓN DE LOS/AS TRABAJADORES/AS
SI NADIE TRABAJA POR TI, QUE NADIE DECIDA POR TI
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