Ultimátum a la Junta para justificar hasta 18 millones del
plan Bahía
El Gobierno de España ha dado un ultimátum a la Junta de
Andalucía para que justifique antes del 28 de febrero los 18 millones de euros
que le quedan por acreditar de los Planes de Empleo para la Bahía de Cádiz, a
los que se destinaron entre 2008 y 2010 unos 65,5 millones. Así lo ha reclamado
el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ya que «en caso
contrario, este organismo deberá iniciar sin más requerimientos los
correspondientes procedimientos de reintegro» de esos 18 millones.
Este ultimátum
aparece recogido en una carta enviada el pasado 5 de febrero por el SEPE al
director gerente del SAE, Antonio González Marín, y a la que tuvo acceso el
diario ABC. En la misiva, este organismo le reclama a la Junta que justifique y
aporte documentación sobre una serie de cuestiones, que van desde listados de
trabajadores acogidos a prejubilaciones a certificaciones de que los fondos
realmente se destinaron a políticas activas de empleo.
De no justificar todos estos extremos, la Junta podría
perder parte o la totalidad de esos 18 millones de euros pendientes de
justificar y que corresponden al ejercicio de 2010, corriendo la misma suerte
que los 5,4 millones que está obligado a devolver del ejercicio de 2009 por no
haberlos acreditado documentalmente. Esta cantidad de 2009 la requirió el
Tribunal de Cuentas en febrero de 2012 al Gobierno al estimar que la Junta
cometió irregularidades contables y le conminaba a demostrar el buen uso de 16
millones de ese plan.
En total, el Gobierno
destinó entre 2008 y 2010 unos 65,5 millones de euros para el Plan Bahía de
Cádiz, activado tras el cierre de Delphi y destinado a la reindustrialización
de la zona. Desde el Ministerio de Trabajo, con José Luis Rodríguez Zapatero en
el Gobierno, se comenzó a reclamar justificaciones de fondos a partir de
noviembre de 2011, que era la fecha límite para presentar esa documentación,
por lo que desde el Gobierno han acusado a la Junta de alargar los plazos hasta
el límite.
A estos han seguido más peticiones, siendo la más polémica
la del pasado noviembre de 2012, cuando la ministra de Trabajo, Fátima Báñez,
le replicó a la Junta que Andalucía no tenía un plan específico de empleo
porque no había podido justificar esos 18 millones de los planes de Cádiz. Para
que lo hiciera el SEPE planteó varios requerimientos desde noviembre, dando a
la Junta un nuevo plazo hasta diciembre de 2012 para aportar la documentación
acreditativa del gasto.
Entre las carencias
que señala el SEPE están, respecto a los años 2008 y 2009, que no consta en la
documentación remitida la realización de los pagos a las aseguradoras que
debían hacer frente a las rentas de jubilación de los exDelphi. De la aportada,
este organismo aprecia una «gran disparidad» en los datos y señala que en un
fichero de listados de prejubilaciones la cantidad abonada a los trabajadores
es «inferior a la justificada por la Junta como compromiso de gasto», lo que
conllevaría, de confirmase, «al reintegro de la diferencia».
Políticas activas de
empleo
Por ello, entre otra documentación, pide a la Junta que
aporte la justificación de la suscripción con las aseguradoras de «las pólizas
de aseguramiento de rentas, de los importes pagados y de la efectiva
realización de los correspondientes pagos por la Junta». Sobre las políticas
activas de empleo desarrolladas, el SEPE pide al SAE que le envíe documentos
acreditativos de ejecución presupuestaria por valor de más de 3,3 millones de
euros, donde se distingan las actuaciones destinadas específicamente a Delphi y
las dirigidas a la generalidad de los parados gaditanos. También le reclama una
memoria de las actuaciones realizadas y los beneficiarios de las acciones, algo
que puede deberse al hecho de que extrabajadores de Delphi, dentro de los
cursos de formación, visitaron el zoo de Jerez y vieron películas como
«Gladiator» o «Mr. Bean».
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